Para poner un poco de Juicio

En algún momento hablamos del Estado Moderno como un regente de derechos y deberes, basado en una burocracia administrativa de profesionales y técnicos encargados de chequear el cumplimiento de las normas o leyes acordadas por los miembros de ese Estado: sus habitantes.
Hoy, esa burocracia suma clientes pero elimina mano de obra especializada ¿Cómo? Con tecnología.
Y sino pregunten a la Señora Presidente que utiliza la herramienta del Twitter como una ametralladora Uzi de párrafos de dos líneas y media, escupiendo un Tweet tras otro, cual vainas que descartan la ojiva de frases reacomodadas intentando puntería discursiva.
Hace un par de días, desde Alemania, volvió a pegarle al Poder Judicial que no accede a las requisitorias del partido de gobierno. Se quejó de la “justicia cautelar”, y con razón ¡Con toda la razón! ¿Cautela con qué o con quiénes? ¿Con la trampa? ¿Con los que delinquieron desobedeciendo las leyes que todos aceptamos? ¿Con los que roban y matan? ¡La cautela la tenemos que tener nosotros que salimos a laburar todos los días sin saber si llegamos al trabajo –mataron a un chofer de colectivos esta semana- o si volvemos a casa –asesinaron a un modelo en la puerta de la vivienda de su novia-!
Sin embargo, la embestida del oficialismo contra la Corte o sobre los Jueces se contradice desde la propia raíz. El principal argumento es que a los jueces no se los elige y por lo tanto no pueden decidir sobre si sirve o no una nueva norma o ley, aprobada por un poder electo. ¡Otra vez estamos de acuerdo!
Ahora, la contradicción.
Desde la reforma Constitucional de 1995 (hace 15 años nada menos) no se cumple con varios de sus artículos:
El 24 dice “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.”
Esa normativa que ordena nuestra constitución, devolvería la Justicia a las manos del pueblo, que estaría involucrado directamente en la impartición de justicia, de modo transparente.
En 2005 (diez años después de la Reforma de Rosario), fue la Provincia de Córdoba la primera en incorporar esta figura Constitucional, con un gobierno del mismo color político que el actual.
Pero más allá –o más acá-, desde 2007 descansan en el Congreso Nacional (muchos también desde antes) varios proyectos de Ley para el establecimiento de Juicio por Jurados; y el que más chance tenía de llegar al tratamiento pertenece a la entonces Senadora ¡Cristina Fernández de Kirchner! Quien en aquel momento era la Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y Esposa de quien era el Presidente de la Nación en funciones Néstor Kirchner.
Sin embargo, desde ese año y hasta la derrota electoral del Junio de 2009 y el cambio de conformación en el Congreso Nacional, el Gobierno contaba con mayoría absoluta en ambas Cámaras. A pesar de ello, no insistió en la aplicación de la Constitución para realizar una verdadera Reforma Judicial e instalar la figura del Juicio por Jurados como una forma de darle al Pueblo la posibilidad de juzgar a los que vulneran las leyes, de la misma manera que califica a sus dirigentes políticos cuando los castiga en las urnas electorales. Ni en Comisiones tuvo tratamiento el Proyecto.
Está Bien. Esto implicaría renunciar a una “justicia jurídicamente perfecta”, ya que un jurado nunca será ni erudito ni jurisconsulto como puede serlo un juez. Pero de la tensión que se produce entre el poder y el ciudadano que reclama justicia, surge en el juicio por jurado la garantía de justicia que es reclamada por todos los actores.
Además, otros dos artículos de la Constitución se refieren a esta modalidad: el 75 inciso 12 y el 118; ambos definen cómo y cuándo deben realizarse los Juicios por Jurados
Los argumentos pueden ser interminables a favor de esta normativa ya que lograría transparentar proveyendo los medios para objetar y discutir las normas y valores de la comunidad en el procedimiento judicial, brindando la oportunidad de legitimar el sistema de justicia al permitir a los ciudadanos validar las leyes aplicándolas en casos específicos.
¿Qué es lo que no permite a la dirigencia política en uso de una banca, lograr un acuerdo para que se cumpla con un mandato Constitucional que se ha dejado afuera desde hace 15 años? ¿Quiénes les atan las manos? ¿Qué intereses existen en las corporaciones judiciales, políticas y empresarias para que no se cumpla con la Carta Magna? ¿Quién puede explicarlo? ¿Quién argumenta? ¿A quién le van a echar la culpa ahora? ¿Al oficialismo, a la oposición?
El mismo día en que la Señora CFKArgentina se despachó vía Twitter contra la “Justicia Cautelar”, yo –que también utilizo el Twitter, aunque en menor medida- decidí utilizar mi Tweet Número 200 (Tweet bicentenario, me acotaron) para responderle a nuestra Primera Mandataria, y decía: “Sra. Presidente. A los jueces los elige la política, no la ciudadanía.” Siga participando…